Dani Vilaró (Amnistía Internacional): «Quieren limitar la protesta pacífica criminalizándola»

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El pasado jueves 16 de octubre, Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, presentaba ante el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana para su trámite final antes de la aprobación. Popularmente se la conoce como Ley Mordaza. Pretende regular de manera más represiva el derecho a la protesta ciudadana. Esto es lo que también denuncia Amnistía Internacional en su informe sobre el derecho a protestar. Nos lo cuenta Dani Vilaró.

Por MÓNICA SOLANAS>

Dani Vilaró en la sede catalana de Amnistía Internacional | Foto: AITOR FERNÁNDEZ

Dani Vilaró en la sede catalana de Amnistía Internacional | Foto: AITOR FERNÁNDEZ

[four_columns alpha=”0″ omega=”0″][dropcap_custom]”[/dropcap_custom]Los tratados tienen mecanismos de control, pero ninguno de los estados firmantes tiene interés en activarlos”[/four_columns]

Publicaron su informe el pasado mes de abril. Amnistía Internacional hizo la presentación pública en Barcelona el 27 de mayo, en la sede del Col.legi de Periodistes de Catalunya. Les acompañaban víctimas, abogados y entidades defensoras de los Derechos Humanos. En las redes, la etiqueta que recopilaba el directo del acto era #NoPensoCallar (no pienso callar). Y siguen sin callar: la pasada semana pusieron en marcha una nueva campaña de recogida de firmas para exigir a los grupos parlamentarios la protección del derecho a la protesta. «Hay un intento muy claro de deslegitimizar la protesta pacífica», explica Dani Vilaró, responsable de Comunicación y Prensa de Amnistía Internacional Catalunya. El Partido Popular ha utilizado en su discurso apelativos como filoetarras, radicales o de extrema izquierda para referirse a quienes ejercen su derecho a la protesta. Y va calando en una parte de la ciudadanía: “algo habrán hecho”, “si no hubiera estado en la calle…”. «El discurso de la estigmatización de los movimientos sociales busca limitar las protestas». Pero es solo «un obstáculo más que ponen para criminalizar la protesta»

[four_columns alpha=”0″ omega=”0″][dropcap_custom]”[/dropcap_custom]El concepto de alteración de orden público se interpreta de una manera que no responde a lo que establece la ley”[/four_columns]

En muchos de los informes de atestados que presentan los distintos cuerpos policiales puede leerse una fórmula que repiten continuamente: alteración del orden público. «Molestar está permitido: una concentración con una sentada, con pitos; cortar el tráfico; no dejar circular un tren; parar el servicio de metro; ocupar domicilios de personas jurídicas… La protesta incluye estas alteraciones y está avalado según la legislación internacional de Derechos Humanos», detalla Vilaró. «Pero es lo que se está utilizando como excusa». Amnistía realizó una estadística, que fue avalada por el gobierno central, cuyos datos reflejaban que solamente en un 1% de las manifestaciones se producían hechos violentos.

El Estado amenaza el derecho a protestar de muy diversas maneras. Muchas veces esta amenaza se materializa a través de las actuaciones policiales. El informe de Amnistía habla de identificaciones; comprobaciones colectivas de identidad; multas administrativas, que van en aumento; uso indebido de material antidisturbios; detenciones; uso excesivo de la fuerza durante las detenciones y bajo custodia; malos tratos físicos y verbales; falta de investigación interna; conductas agresivas contra periodistas, también detención y rotura de equipos. «El informe recopila cosas que todos saben», señala Vilaró. «Con él, hemos puesto a España en el foco europeo como país en el que se está reprimiendo el derecho a la protesta». Con la nueva Ley, esto puede ir a más.

[four_columns alpha=”0″ omega=”0″][dropcap_custom]”[/dropcap_custom]Ninguna administración pública debería esconder ningún protocolo sobre gestión de manifestaciones o uso de material antidisturbio”[/four_columns]

A pesar de que las identificaciones y las multas son consideradas como “represión de baja intensidad”, su efecto disuasorio es evidente. «Muchas personas no asisten a manifestaciones porque tienen miedo a recibir una multa que después no podrán pagar», asegura Dani Vilaró. Las identificaciones siguen un patrón habitualmente arbitrario: perfil racial, vestimenta, aspecto. Las raciales, además, están prohibidas por el Derecho Internacional. «La reforma del Código Penal busca tipificar las acciones arbitrarias e irregulares que se cometen creando nuevos delitos: es su cobertura jurídica a las prácticas que ya están haciendo y que no contempla la ley», subraya Vilaró.

Foto: AITOR FERNÁNDEZ

Foto: AITOR FERNÁNDEZ

[four_columns alpha=”0″ omega=”0″][dropcap_custom]”[/dropcap_custom]Recurrir al perdón es darle peso para obviar los tres pilares de la legislación internacional sobre DDHH”[/four_columns]

El siguiente nivel de represión es la detención y todo lo que de ella puede derivar. Dos personas me empujan contra la pared y me tiran al suelo. Me sacaron fuera y se identificaron como policías. Me dijeron que estaba detenido. El caso de Jorge es uno de los que completan el informe. Tuvo suerte: las imágenes que grabó TVE durante la protesta en la que participaba demostraron que las acusaciones policiales eran falsas. «Existe poca disposición de las autoridades o de la policía por clarificar cualquier caso de personas que hayan sufrido una situación similar», afirma Dani Vilaró. «Tenemos un déficit estructural: el Estado español no investiga adecuadamente ninguno de estos casos. Y eso hace que el de Jorge no sea ni el primero ni el último». En los casos de maltrato policial, Amnistía evidencia que siempre debería realizarse una investigación independiente. «En Catalunya se ha reactivado el Comité de Ética Policial. Pero la composición ha cambiado y trabajan sin la redacción de un nuevo código ético», comenta Vilaró. Mossos d’Esquadra y policía local forman parte de esta nueva estructura. «Deberían ser agentes externos. Es extraño que sean ellos mismos los que tengan voz y puedan hacer sugerencias al gestor político». La figura de un organismo independiente del poder judicial, «asociaciones de DDHH que conocen el marco internacional».

«Amnistía nace en 1961 como una organización de personas que trabaja para personas; es un observador desde el conocimiento de las legislaciones internacionales», aclara Dani Vilaró. «El tema del caso personal es una constante. Documentamos los casos en los que hay abuso policial, aquellos que ejemplifican las actuaciones que queremos denunciar. Después, se extraen las conclusiones más generales». Y se cierran los informes, que son su herramienta para «hacer incidencia política y provocar cambios». Con ellos en la mano y con las firmas recogidas solicitan encuentros con diferentes representantes políticos. Felip Puig, conseller de Interior, no quiso recibirlos. Ramon Espadaler, su sucesor, sí, aunque sus respuestas se limitaron a un repetitivo Esto no lo podemos hacer. «Pero quién se lo ha dicho, ¿la propia policía?», se pregunta Vilaró. «La sensación es la de que la policía no está gobernada por el gestor político, si no por los mismos policías». Amnistía siempre ha tenido la puerta abierta para hablar de temas relacionados con otros países, con un cierto nivel de buenos resultados. «Pero en lo que respecta a política interior, a nivel estatal y catalán, nos cuesta», puntualiza Dani Vilaró.

[four_columns alpha=”0″ omega=”0″][dropcap_custom]”[/dropcap_custom]No estamos hablando de un caso o de dos. Hablamos de muchos. Es un problema real y sistemático”[/four_columns]

Un último nivel de represión es la prescripción de estos casos. Y el consecuente olvido. «Esto tiene un nombre: impunidad», recalca Vilaró. Y esta impunidad es doble: «la poca diligencia, la investigación inadecuada; y las condenas que acaban con un indulto». En cualquier caso, nunca se produce la rectificación por parte de los organismos oficiales correspondientes. «Para nosotros, la rendición de cuentas está muy clara», determina Dani Vilaró. «El responsable de una vulneración de derechos humanos debe ser juzgado, y si se determina que es culpable debe ir a prisión. En cuanto a la víctima, debe respetarse su derecho a la verdad, al reconocimiento. No al perdón». El perdón es una «cuestión moral, y no el elemento central del resarcimiento a las víctimas». Se trata de Verdad, Justicia y Reparación: «Verdad significa reconocer los hechos; Justicia, que los responsables sean juzgados y encarcelados si así se determina; y Reparación, indemnización en un sentido mucho más amplio que el monetario»

…a nadie le gusta estar detenido, el miedo que pasas, que tus jefes piensen que has agredido al consejero, que tus amigos piensen que has agredido a alguien. Tras todo esto vas con mucho miedo…

Jorge, 35 años, auxiliar de enfermería en Madrid. Miembro activo de la Marea Blanca y de la Asamblea Popular de Carabanchel. Tuvo suerte.

Descárgate el informe completo de Amnistía Internacional haciendo clic.

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About Mónica Solanas

"Nací con un lápiz y una libreta en una mano, mientras con la otra arrastraba algún libro. La curiosidad hizo el resto." Mónica Solanas ha trabajado de muchas cosas, pero es ante todo periodista. También enseña (o "ayuda a aprender", como le gusta afirmar) en nuestra escuela de comunicación libre. Si te ha gustado este artículo, no te pierdas su blog.

There are 2 comments

  1. DateCuenta.org: “Ley Mordaza: lo que ya no podrás hacer si la aprueban” | Otras (re)lecturas

    […] La Ley Mordaza es un documento que calca y penaliza las últimas protestas de éxito social de organizaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (que recuperaron la legítima protesta de los escraches y concentran cada día a decenas de personas para tratar de parar y visibilizar los desahucios), Greenpeace (quienes están afrontando su juicio más duro por pintar ‘Peligro Nuclear’ en la Central de Cofrentes), la Plataforma para la Desobediencia Civil (quienes iniciaron una campaña para decir no a las identificaciones en la vía pública), los Iaioflautas (quienes con sus ‘travesuras’ de ocupación visibilizan recortes sociales), Yo Sí Sanidad Universal (trabajadores del Sistema Nacional de Salud que siguen atendiendo a personas en situación irregular a pesar de la reforma sanitaria que los excluye) y otras organizaciones en defensa de los derechos humanos y sociales. “Quieren limitar la protesta pacífica criminalizándola”, sentencia Amnistía Internacional. […]

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