Jordi Panyella: “Hay un pacto tácito de tapar, de callar”

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Salvador Puig Antich fue asesinado por el Régimen franquista para tapar un error policial. Cuando Jordi Panyella, periodista, escribe las últimas líneas de su libro —Salvador Puig Antich, caso abierto— certifica esta certeza. Una evidencia que parte del inicio de su trabajo: explicar el recurso de solicitud de reapertura del caso de Salvador, que en 2005 presentan ante el Tribunal Supremo los abogados Olga de la Cruz y Sebastián Martínez. Y cómo en 2007 el Supremo lo rechaza.

En 1973, el consejo de guerra fue un teatro grotesco donde el verdadero hilo conductor de la historia fue esconder un patético error policial (p. 415). En 2007, los magistrados del Supremo se parapetan en martingalas legales para desacreditar los nuevos testimonios y las nuevas pruebas aportadas por los abogados (p. 27). Fue un montaje policial, militar y judicial. Hoy, también es un montaje político. Panyella nos explica cómo todo encaja a la perfección. Por Mónica Solanas | Fotografías de Aitor Fernández

"Salvador Puig Antich, cas obert" revisa el error policial que condujo a la ejecución en el 74. | Foto: Aitor Fernández

«Salvador Puig Antich, cas obert» revisa el error policial que condujo a la ejecución en el 74. | Foto: Aitor Fernández

40 años. Han pasado 40 largos años desde que el Franquismo puso en marcha la maquinaria para girar el tornillo del garrote vil alrededor del cuello de Salvador Puig Antich. Su familia jamás ha creído la versión oficial. Jamás ha dejado de batallar para que la justicia reconozca la falta de fundamento de la sentencia y todas las irregularidades que rodearon el proceso (pp. 21-22). De la Cruz y Martínez hicieron un buen trabajo, «un trabajo muy importante en la redacción del libro»; recopilaron pruebas y testimonios que certificaban esas irregularidades. Y presentaron el recurso. «Ese es el punto de partida del libro. Cómo es posible que, con las nuevas pruebas reunidas, el Supremo lo rechace. Hay que ver quién compone este tribunal, para denunciar que son una pandilla de fachas a los que el pasado les pesa demasiado». El recurso fue presentado el 3 de febrero de 2005; 29 meses más tarde era rechazado por el Tribunal Supremo. «El libro no sería igual si el recurso hubiese sido aceptado. Que es lo que el Supremo debería haber hecho»

[four_columns alpha=»0″ omega=»0″][dropcap_custom]»[/dropcap_custom]El verdadero hilo conductor de la historia fue esconder un patético error policial»[/four_columns]

Jordi Panyella se sube al caso cuando los abogados solicitan la reapertura del mismo. «Informé para el Avui porque habían aparecido nuevas pruebas. Entonces ya era consciente de la importancia de aquello. Pero creo que tratamos el tema en pequeño, igual que los demás diarios. Y todavía lo redujimos más cuando el recurso quedó en nada». En el 73 pasó igual: la prensa se limitó a transcribir la nota policial remitida a todos los medios. «En el libro estudio el caso desde una óptica jurídica. El periodismo debe aportar hechos nuevos». Por eso ha evitado el aspecto político que rodea la detención y ejecución de Puig Antich. «Si Xavier Garriga no ha querido hablar hasta ahora es porque todavía hay mucha susceptibilidad». Pero en el libro también debía aparecer. «Se trataba de dar pinceladas de todos los elementos. Que el PSUC, la oposición franquista organizada, le diese la espalda durante todo el proceso y la ejecución porque no era de los suyos debía aparecer». La vergüenza ajena del ambiente político, el vacío de indiferencia que se hizo en el entorno del joven, del que muchos no quisieron saber nada. Mucha compasión, mucha comprensión, pero muy poco compromiso (p. 385)

[four_columns alpha=»0″ omega=»0″][dropcap_custom]»[/dropcap_custom]El pasado pesa demasiado en el Tribunal Supremo»[/four_columns]

Los objetivos del libro son muy claros: documentar las vulneraciones policiales, militares y judiciales que se cometieron; mostrar cómo el régimen fascista tapaba las grietas que él mismo generaba; certificar que en pleno siglo XXI la justicia democrática es cómplice de la dictadura; y denunciar la complicidad del gobierno español democrático con los jueces de un tribunal militar del ejército fascista. Para ello, el libro discurre retrocediendo y avanzando en el tiempo. «Para explicar qué pasó en 2005 debe explicarse lo que sucedió en el proceso desde un origen. Así que reviso todo el caso: documentación, pruebas; y encuentro cosas alucinantes. Pero también avanza en el tiempo, porque el libro es paralelo a la querella argentina»

[four_columns alpha=»0″ omega=»0″][dropcap_custom]»[/dropcap_custom]En pleno siglo XXI la justicia democrática es cómplice de la dictadura»[/four_columns]

En 2002 llegó al diario el caso de Rodney Mak, ciudadano norteamericano de raza negra […] brutalmente golpeado por un grupo de policías de paisano en el interior de un parking (p. 17). El Cuerpo Nacional de Policía de Barcelona redujo el incidente a error de la víctima. «Por desgracia, hay una continuidad de las formas de hacer del Régimen. Esta democracia es demasiado tierna. Y por eso el Tribunal Supremo rechaza este recurso, obviando los criterios jurídicos y jugando a hacer política. Ante casos como el de Mak, en los que un ciudadano es víctima de un abuso y un error policial, y víctima también porque la policía niega su propia responsabilidad… ¿Qué pasa? Porque los Mossos d’Esquadra también cometen errores y son un cuerpo nuevo. ¿Por qué? ¿Porque en el subconsciente de la policía todavía hay ese «uso y abuso» y aquel «haz lo que quieras»? ¿Están mal formados? Y los jueces, ¿por qué es tan evidente que sufren de esta ligazón con el pasado franquista?»

"El gobierno de Zapatero blindó políticamente una resolución judicial irregular". | Foto: Aitor Fernández

«El gobierno de Zapatero blindó políticamente una resolución judicial irregular». | Foto: Aitor Fernández

Sobre la conversación planean los casos de Ester Quintana, de Juan Andrés Benítez,  de Patricia Heras y el resto de víctimas del 4F, las muertes de 15 inmigrantes en Ceuta. «El caso de Benítez es la máxima expresión de la mala praxis policial. La suerte es que se registraran imágenes. Si no fuera así, no sé qué habría pasado». En un caso en el que están implicados agentes, su presunción de inocencia es indudable. «Romper este hábito cuesta mucho, los jueces actúan con el piloto automático puesto. El derecho penal es el de la prueba, y el atestado policial es prueba de por sí. El trabajo entonces es el de la víctima para demostrar ese abuso». Tapar errores policiales, si hace falta, como entonces se hizo: falseando documentación. Enric Palau, cuyo testimonio es uno de esos hechos nuevos, era en el 73 alférez provisional y ayudante en la causa contra Puig Antich. Empezaron a aparecer por los juzgados unos agentes del Cuerpo de Policía […] Aquellos hombres me hicieron montar el sumario (p. 410)

[four_columns alpha=»0″ omega=»0″][dropcap_custom]»[/dropcap_custom]Hay una continuidad policial de las formas de hacer del Régimen»[/four_columns]

Montaje policial. También judicial. «Aunque era una dictadura ya había una ley, existían unas normas. Y también se pusieron en su contra. Utilizaron la ley para encausarle cuando la ley debe proteger». La ley penal se inventó para proteger a los ciudadanos […] nunca para ser utilizada por el poder como un instrumento de coerción y control de la ciudadanía (pp. 23-24). «Ese afán por qué, ¿por proteger al ciudadano o por controlarlo más?» El montaje judicial continúa. «Es más grave lo que hacen los jueces bajo el paraguas de la democracia que lo que hicieron unos jueces que eran un eslabón más de la cadena de la dictadura»

[four_columns alpha=»0″ omega=»0″][dropcap_custom]»[/dropcap_custom]El caso de Benítez es la máxima expresión de la mala praxis policial»[/four_columns]

También el montaje político, que hoy sustituye en el gobierno a los militares. Es mucho más complicado y más perverso todavía (p. 419). El mismo día que Salvador es detenido por el asesinato del subinspector Francisco Jesús Anguas Barragán, Carlos Arias Navarro —ministro de Gobernación— le concede la Medalla de Oro al Mérito Policial. El 22 de marzo de 2005 aparece publicado en el BOE un real decreto del entonces ministro de Interior, el socialista José Antonio Alonso Jiménez, aprobado por el consejo de ministros presidido por Jose Luis Rodríguez Zapatero donde se concede la distinción de inspector en jefe a Anguas. Otra barbaridad más en la cadena de brutales irregularidades que se cometieron con Salvador Puig Antich.

[four_columns alpha=»0″ omega=»0″][dropcap_custom]»[/dropcap_custom]La Transición fue un pacto para extender un velo amnésico sobre la democracia»[/four_columns]

El sistema no puede admitir que tiene fallos, bajo ningún concepto. La Transición no fue más que un pacto para extender un velo amnésico sobre la democracia, a la vez que tejió una red de protección sobre los verdugos de la vieja dictadura (p. 420). «Aquí hay un pacto tácito de callar, de tapar. “El pasado ya está”, dicen. ¡Cómo que ya está!»

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About Mónica Solanas

"Nací con un lápiz y una libreta en una mano, mientras con la otra arrastraba algún libro. La curiosidad hizo el resto." Mónica Solanas ha trabajado de muchas cosas, pero es ante todo periodista. También enseña (o "ayuda a aprender", como le gusta afirmar) en nuestra escuela de comunicación libre. Si te ha gustado este artículo, no te pierdas su blog.

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